Por Federico Colombres (h) y Federico Moreno.

La ley N° 9235 de la Provincia de Tucumán[1], con fecha de vigencia  a partir del 24 de abril de 2020, incorporó al art. 91 del Código Tributario Provincial (relativo al pago espontáneo),  el agregado de que la simple mora en el ingreso de los tributos por parte de los agentes de retención, percepción o recaudación hará surgir la obligación de abonar conjuntamente con ellos  un recargo creciente, de acuerdo al siguiente detalle:

1) Hasta diez (10) días corridos de atraso: veinte por ciento (20%) del impuesto que se ingrese fuera de término.

2) Hasta veinte (20) días corridos de atraso: treinta por ciento (30%) del impuesto que se ingrese fuera de término.

3) Hasta treinta (30) días corridos de atraso: cincuenta por ciento (50%) del impuesto que se ingrese fuera de término.

La aplicación del recargo por mora será automático y no requerirá acto administrativo alguno, debiendo hacerse efectiva juntamente con el pago del “impuesto e intereses”, expresión esta que parecería indicar que el recargo que crea la norma reviste la naturaleza de una sanción encubierta o anómala, que se agregaría al interés moratorio estipulado en el art. 50 del CTP.

El recargo previsto dentro de los plazos establecidos por el presente artículo será liberatorio de las multas por omisión y defraudación establecidas en los artículos 85 y 86 del Código Tributario de Tucumán.

Comentarios.

En primer término, cabe señalar la falta de oportunidad de la normativa sancionada, dado el escenario de fuerte recesión e inflación en el que se encuentra inmerso el país desde el año pasado, a la fecha agravado a la por la propagación del COVID-19, y el estado de parálisis de la economía que ello trajo aparejado.

En segundo lugar, no debe dejar de pasarse por alto el error metodológico que implica incorporar una norma que sanciona el incumplimiento dentro de un artículo que refiere al supuesto contrario, el pago voluntario. Más allá de la cuestión metodológica, subyace quizás un intento de avivar nuestro ya profundo Sindrome de Estocolmo, y que debamos agradecer que se nos permita ahorrarnos un 50% por pagar a término. Es que encubrir un castigo en una norma que refiere al cumplimiento normal, es cuanto menos, una subversión del lenguaje.

Por otra parte, cabe señalar también su falta de razonabilidad y proporcionalidad, en tanto para inducir al cumplimiento, emplea una herramienta de coerción con un alto poder de agresión, teniendo en cuenta que ante una demora de pago de 30 días, la tasa de recargo es varias veces superior a las vigentes en el sistema bancario por un lapso tan corto, y al interés moratorio que establece DGR.

A este respecto, es del caso señalar que si bien la jurisprudencia de la  Corte Suprema de Justicia de la Nación ha validado el empleo de tasas disuasorias por parte del fisco teniendo en cuenta la importancia de asegurar la recaudación[2], creemos que la cuantía de los establecidos en la norma que comentamos podría no superar el test de razonabilidad.

Este cocktail de recargos e intereses, a lo que debe sumarse otras sanciones anómalas como el agravamiento de alícuotas para casos de incumplimiento, y la exigencia de algunas actividades de tramitar certificados de cumplimiento fiscal y/o certificados de exclusión -que suponen un libre deuda fiscal- sumergirá a las empresas en un laberinto kafkiano cuya única salida será pagar el extorsivo recargo como condición para seguir trabajando.

Por último, creemos que para todos aquellos contribuyentes que no deban obtener un libre deuda, o certificados de exclusión, y no se vean perjudicados por el agravamiento de alícuotas de retención o percepción, podrían verse estimulados a la acción contraria a la que pretende la norma inducir a cumplir, esto es, pagar luego del transcurso de los 30 días, puesto que les resultará mucho más conveniente transitar en sumario por falta de pago, que de por sí tiene una duración importante, antes que pagar en forma automática dentro de los 30 días.


[1] http://www.rentastucuman.gob.ar/nomina/rentastuc2/x1ut2pa3lo/pdfs/novedades/LEY9235.pdf

[2] Ver fallo Arcana ( 308:283), en el que se señaló que “en lo atinente a la mora de los particulares en el pago de tributos se encuentra comprometido ‘el interés común en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, interés que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, elevación que –por otra parte– no beneficia a personas determinadas sino a la comunidad toda’ (confr., en análogo sentido, Fallos: 316:42, considerando 3°).